Hace unas semanas os informábamos de que el Gobierno Balear había aprobado un Proyecto de Ley para gravar con un impuesto los envases de líquidos alimentarios. Y que, como consecuencia ante esta injusta y discriminatoria medida, Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) iba a impugnarla ante los tribunales.
Hoy queremos hacernos eco del post y la postura de la Federación al respecto, recogiendo sus impresiones en nuestro blog:
- El turismo, principal motor económico de las islas, sufrirá un descenso de facturación, el cierre de negocios y la pérdida de empleos
- Las cargas fiscales y burocráticas del nuevo impuesto dañan la competitividad de las empresas baleares. Además, las sitúa en una posición de clara desventaja frente a las del resto de España.
El nuevo impuesto sobre envases de Baleares pretende corregir el déficit público de las Islas. A costa de penalizar los productos básicos de alimentación y de consumo turístico. Aquellos que compran todos los días las familias y los turistas de las Islas. Además, el castigo fiscal y las cargas burocráticas asociadas a este tributo sitúan a las empresas de Baleares en una posición desventaja competitiva, que se traducirá en pérdidas de inversión y empleo.
Este impuesto sobre los envases no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento). Por lo tanto introduce una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos. Es decir, aquellos de primera necesidad y consumo frecuente tanto en los hogares como fuera del hogar. Como son el agua, la leche, la cerveza, los zumos o las bebidas refrescantes soportarán proporcionalmente un tipo de gravamen más alto.
El impuesto de envases en los sectores españoles
Este castigo fiscal sobre el consumo de productos básicos no sólo drena rentas y recursos de los hogares. También lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares. En primer lugar, porque añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, en un momento económico extremadamente delicado. En segundo lugar, porque este tributo impone un entramado de cargas burocráticas (contabilidad, gestión, liquidación) que encarecen los costes de administración de los negocios. Por último, con este impuesto el Gobierno de Baleares se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado, simplificar y reducir el coste de las cargas administrativas. De hecho, el tributo sitúa en una clara desventaja competitiva a las empresas de las islas frente a las que operan en otros territorios.
Esta discriminación de las empresas insulares es más palpable si cabe en el sector turístico, principal motor económico de las Islas. El nuevo tributo sobre envases afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo. Su impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos.
Medioambiente y envases
Es necesario poner de manifiesto que el impuesto no busca la protección del medioambiente. Un objetivo plenamente compartido por las empresas. Ya que en ningún momento se valoran los pasos que han dado en eficiencia energética y reducción, recuperación y valorización de envases y que está dando excelentes resultados sin incrementar la presión fiscal. Los envases afectados por este impuesto ya contribuyen económicamente a través del Punto Verde para asegurar la correcta gestión de residuos.
De modo que es un tributo con un fin puramente recaudatorio y no medioambiental. Y aunque su efecto inmediato sobre la recaudación ayudará a ajustar parte del déficit autonómico, no podrá evitar a medio plazo los graves daños que causará sobre la inversión de las empresas, la creación de empleo, el consumo de las familias y, por tanto, la pérdida de ingresos en otros impuestos ligados a la actividad, como el IVA, el IRPF, Sociedades, Cotizaciones Sociales, licencias de terrazas, etc.
Los sectores afectados han trabajado intensamente los últimos cinco años para buscar soluciones a la crisis. Han afrontado cambios internos para ser más productivos, mejorar la oferta, mantener en la medida de lo posible el empleo y ayudar a la reactivación del consumo. Impuestos como el de envases o el nuevo tributo sobre grandes superficies. Además de injustificados e insostenibles, neutralizan estos esfuerzos de las empresas para ser más competitivos y lastran la capacidad del tejido productivo para salir de la crisis.
La recuperación vendrá de la mano de la creación de puestos de trabajo y éstos no se pueden crear si las administraciones públicas siguen aprobando impuestos nacionales, autonómicos y tasas locales que malgastan recursos destinados a la creación de puestos de trabajo.
La postura de Aneabe
Desde Aneabe queremos dejar constancia de que nos sumamos al sentimiento del resto de la industria y apoyamos las acciones legales que iniciará FIAB. Se trata de un impuesto con un claro afán recaudatorio y no medioambiental, como trata de justificar el Gobierno Balear. Supone una doble imposición puesto que la industria ya financia la correcta gestión medioambiental de los envases a través del Punto Verde. Además, este gravamen supondrá un grave perjuicio para el sector de las bebidas en general y el de las aguas envasadas en particular. El agua embotellada es un producto alimentario de primera necesidad en las islas, siendo el balear uno de los mercados regionales con un mayor consumo de agua envasada.
Por esta razón, la implantación del citado impuesto repercutiría muy negativamente en la economía familiar. En este sentido, el proyecto de ley pretende gravar las botellas de 1,5 ó 2 litros con casi 6 céntimos por botella; en el caso de las garrafas, envase de mayor consumo en las islas, serían gravadas hasta con 64 céntimos de euro, en función de la capacidad de la misma.
Este nuevo impuesto afectará también claramente a la competitividad del sector de aguas envasadas. Esto conllevaría un duro golpe al empleo y a la viabilidad de un sector como el de las aguas envasadas, que es un generador de empleo y riqueza en zonas sin apenas tejido industrial. Así, en la actualidad supone 4.500 puestos de empleo directos y decenas de miles indirectos en toda España.
Asimismo, este impuesto castigará inevitablemente a las rentas sociales menos favorecidas, discriminando al consumidor en función del territorio, rompiendo la unidad de mercado y alterando las condiciones de competencia de las empresas. Por todo ello, Aneabe apoya la acción que iniciará FIAB ante los tribunales contra este impuesto.
